La primera crisis política de 2010

Manolo Romano

¿El Fondo del Bicentenario o en el Bicentenario al Fondo?

SURda

 

La Verdad Obrera

Lo que la presidenta anunció por cadena nacional a fin de año como la principal medida de gobierno, la creación del Fondo del Bicentenario para congraciarse con los acreedores externos, ha desatado la primera crisis política del 2010. El presidente del Banco Central, Martín Redrado, se ha negado a liberar los fondos, en un acto de desobediencia al Ejecutivo que lo había ordenado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La intención del gobierno es destinar 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, 2.187 millones para el pago de los vencimientos con los organismos multilaterales y 4.382 millones para atender las obligaciones con los tenedores privados. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le pidió la renuncia pero Redrado se resiste con el apoyo de toda la oposición que apuesta a que se transforme, como Cleto Cobos, en un nuevo Caballo de Troya en un puesto “institucional” clave. El gobierno amenaza con recurrir a la Corte para destituirlo. Pero los jueces tienen un pedido del gobierno de San Luis para que declaren inconstitucional al DNU que firmó la Presidenta, argumentando que, como afecta a recursos federales, debe ser aprobado por el Congreso, lo mismo que plantea el vice opositor Cobos.

De fondo, la crisis descubre el agotamiento del poder político de los Kirchner para arbitrar entre las diferentes fracciones de las clases dominantes en el uso de los recursos fiscales. Cuando, en el 2006, Néstor Kirchner utilizó 10 mil millones de dólares de esas reservas para destinarlos al FMI, toda la burguesía y sus políticos apoyaron. Esta actitud cambió desde el desafío lanzado por la Mesa de Enlace de la burguesía agraria con el prolongado lock out del 2008 en resistencia al aumento de las retenciones con las que el Estado recaudaba parte del boom de la producción de soja y lubricaba gran parte del funcionamiento de la economía nacional con un sistema de subsidios a los industriales, el transporte y la obra pública. La estatización de los fondos de pensión privados, primero, y el giro de apelar a las reservas para conformar al capital financiero internacional, son muestras de los intentos, a izquierda uno y a derecha el otro, con los que el kirchnerismo ha buscado nuevas fuentes para financiar el viejo esquema.

El debate entre gobierno y oposición ha tomado ribetes cómicos. El viceministro de Economía, Roberto Felletti, salió a denunciar “la embestida de la oposición de derecha en contra del uso de las reservas internacionales del BCRA para afrontar los compromisos externos”. Según este discurso oficial, la “oposición de derecha” estaría obstruyendo que el “gobierno nacional y popular”… pague la deuda externa. Otra muestra de “progresismo” es el respaldo a la decisión del gobierno por parte de la Asociación de Bancos Argentinos, a través del banquero oficialista Jorge Brito (dueño del Macro) en representación de quienes vienen haciendo grandes negocios prestándole al Estado con los bonos de deuda que cayeron hasta un 5% ante la puja desatada por la dirección del Banco Central. ¡Por suerte los banqueros de ADEBA siguen siendo “nacionales y populares”! En el sainete entró, incluso, Vilma Ripoll del MST sumándose al coro de los que piden “que no se usen las reservas del Central” para pagar deuda externa, sin reparar en que no está participando, precisamente, de un “frente anti-imperialista”. En realidad, al decreto oficial de utilización de reservas para afrontar los compromisos externos, la alternativa de los opositores, para el mismo objetivo de pagar la deuda, es volver a los brazos del FMI y sus monitoreos. Es decir, retracción del gasto y aumento de tarifas que permita una baja de los subsidios. El mismo Redrado, en su informe al Banco Central de días atrás, tomó distancia de la política oficial, señalando que para combatir la inflación “no es concebible que el Banco Central obtenga resultados concretos” sin un cambio en “otras áreas de gobierno”, refiriéndose a “la política fiscal y la política salarial”. Redrado apuntó, entonces, a la necesidad de reducir el gasto público -que el manotazo de los Kirchner a las reservas permitiría aumentar liberando la parte del Presupuesto 2010 destinada a deuda- y poner un techo a la puja salarial. “De Hugo Moyano para abajo, nadie habla de una suba salarial de menos del 20%, un número que hace saltar todas las alarmas en el directorio del Banco Central” dice Clarín (3/01).

Hugo Moyano y la cúpula de la CGT, en cambio, reivindican la frase del presidente de EEUU, Barack Obama: “los sindicatos no son parte del problema, son parte de la solución”, y ofrecieron un almuerzo a la embajadora norteamericana en sintonía con la idea oficial de un “pacto social”. En un acto sin precedentes históricos, recibieron en la sede de la central sindical de la calle Azopardo a Vilma Socorro Martínez y una delegación de legisladores norteamericanos. Entre ellos, Chris McMullen, asistente adjunto de la Secretaría de Estado y hombre de Arturo Valenzuela, quien semanas atrás impactara con su intervención diplomática por la falta de “seguridad jurídica” para las empresas norteamericanas, entre ellas Kraft, en consonancia a lo reclamado por la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) junto a las patronales del campo. El encuentro entre la CGT y la delegación yanqui fue arreglado por el embajador de los Kirchner en EEUU, Héctor Timerman, en un gesto de distensión ante la arremetida del asesor de Obama. Pero ese hecho dejó en claro que el gobierno de los demócratas yanquis se prepara, como lo muestra su apoyo en Honduras al nuevo gobierno parido por el fraude electoral y el golpe de Estado, para exigir un mayor realineamiento en su patio trasero después del relativo vacío político que dejaba la administración Bush, la cual en su crisis terminal, daba lugar para cierto juego propio a los gobiernos pos-neoliberales en Latinoamérica durante el anterior crecimiento de la economía mundial. La CGT se adapta a los nuevos tiempos. Ante la crisis política abierta en torno al Banco Central, un comunicado firmado por Hugo Moyano y Julio Piumato califica de “regreso soberano del país al mercado internacional de capitales” nada menos que al desembolso del 15% de las reservas para pagar la usura de los acreedores financieros internacionales.

La reunión de Moyano y la embajadora es, sin embargo, una representación simbólica de un intento de conciliar las dos principales fuerzas en la Argentina semicolonial: el imperialismo como representante del capital extranjero que domina la economía nacional, y la clase trabajadora que, a pesar de la calaña de sus dirigentes sindicales oficiales, viene recomponiendo sus fuerzas y ha creado en el establishment el temor al “efecto Kraft”. Es decir, a una irrupción de la lucha obrera que desafíe la prepotencia de las multinacionales y desborde a las conducciones burocráticas de los sindicatos. Ante la oposición de la nueva alianza de exportadores agrarios e industriales con predominio del capital extranjero, el gobierno presenta como “proyecto nacional y popular” a una débil coalición con grupos empresarios prebendarios del Estado, el aparato de intendentes del peronismo bonaerense y la cúpula de los sindicatos de la CGT.

Este nuevo episodio de la crisis política de los de arriba debe ser aprovechado por los sectores conscientes de la clase trabajadora para impulsar su propia organización con independencia de clase, un partido que sea capaz de imponer un programa de salida nacional que comience con la ruptura de los lazos que nos atan al imperialismo; con el no pago de la deuda externa y la nacionalización de todos los bancos creando una banca nacional única bajo control obrero para poner los recursos nacionales al servicio de las mayorías populares, empezando por un plan de obras públicas para emplear todas las manos disponibles con un salario acorde a la canasta familiar.